Los autónomos tienen facturas sin cobrar que superan los seis meses

ELcorreo LUCÍA PALACIOS Madrid

Todavía hay en torno a 1,2 millones de autónomos que sufren la morosidad, lo que supone cuatro de cada diez trabajadores por cuenta propia. Y peor aún, en estos momentos más de 400.000 tienen facturas pendientes de cobrar que superan los seis meses, según datos proporcionados por la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA). Ante estas cifras, no es de extrañar que la morosidad se sitúe como el segundo gran problema de este colectivo.

Sin embargo, también es cierto que el periodo medio de pago a proveedores por parte de las Administraciones Públicas ha ido disminuyendo de forma considerable en los últimos años, hasta el punto de que en el último lustro se ha reducido más de la mitad, al pasar de los 151 días de media que había en 2012 a los 70 días en 2017, dos días menos que el año anterior, según el Informe de Morosidad publicado este martes por ATA, que para extraer la media no incluye a la Administración Central al entender que este colectivo apenas trabaja con el Estado.

Pese a esta notable caída, excede aún en 10 días el límite establecido en la Directiva Europea sobre la Morosidad en España, que contempla la posibilidad de realizar la revisión de la factura hasta en los 30 días posteriores a su presentación y otros 30 para realizar el pago.

Todas las empresas privadas, independientemente de la comunidad de origen, redujeron sus periodos medios de pago, una media de 3 días en 2017 hasta situarse en 71 días, por lo que excede en 11 el límite fijado en la ley. De hecho, no hay ninguna región que pague por debajo de los 60 días.

A la vista de estos datos, el presidente de ATA, Lorenzo Amor, pidió al Congreso que no “se demore mucho” la ley que en estos momentos se está tramitando para establecer sanciones a las administraciones y a las empresas morosas. “No puede ser que en este país salga gratis incumplir la morosidad”, concluyó.

Los autónomos podrán contratar sin perder la tarifa plana de 50 euros

Fuente: E.C. Elcorreo

La ministra de Empleo anunció ayer que los autónomos que se benefician de la tarifa plana de 50 euros podrán seguir manteniéndola cuando contraten un trabajador. Fátima Báñez explicó que se trata de «eliminar barreras» y «crear riqueza».

Hasta ahora, aquellas personas que iniciaban su actividad económica como autónomos se acogían a una tarifa plana de cotizaciones sociales de 50 euros que se mantenía durante los primeros seis meses. Sin embargo, perdían esta bonificación en el caso de que firmasen algún contrato. Según cifras aportadas por Báñez, desde su aprobación en febrero de 2013 se han acogido a esta ayuda un total de 291.000 autónomos, de los que 113.000 son menores de 30 años. Dado el éxito de la medida, «vamos a permitir que aquellos autónomos que se están beneficiando de la tarifa plana puedan contratar y no la pierdan», explicó la ministra durante la apertura de la Asamblea General de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA).

La Administración castiga a los autónomos con peores condiciones tributarias y de jubilación que a los empleados por cuenta ajena

Son el ‘patito feo’ del sistema laboral español. Para algunos, no son trabajadores porque ellos mismos representan su propia empresa e incluso algunos tienen empleados a su cargo, lo que les da una imagen de empresarios, aunque con aspecto de segunda división. Para otros, tampoco son empresarios, porque no se sienten como tales y no se identifican del todo con los valores de este colectivo. Muchos de ellos, incluso, han llegado a la situación de autónomos a disgusto, forzados por un despido o la imposibilidad de encontrar un empleador y pese a que no tienen vocación alguna de navegantes solitarios.

Y, sin embargo, no son pocos. En España, un total de 3.024.652 personas están dadas de alta en la Seguridad Social dentro del régimen de autónomos. La cifra real, por tanto, será bastante superior, ya que muchos de ellos ni siquiera han cumplido este trámite de afiliación obligatorio. En el País Vasco, según los últimos datos oficiales, son 173.846 personas quienes ostentan esa condición laboral. Un ejército. En términos relativos, representan en el País Vasco casi el 18% de la población activa y una tasa muy cercana al 19% de los que realmente están ocupados.

La Administración, directamente, les castiga. Al menos, si se analiza su situación en comparación con el resto de trabajadores. A saber. Mientras que un trabajador por cuenta ajena puede optar por la jubilación unos años antes de cumplir la edad requerida -65 años hasta ahora- pagando un precio proporcional por ello –la pérdida de una parte de la pensión, mayor cuanto más se anticipa el retiro-, el autónomo ya puede hacer una peregrinación a la Virgen de Lourdes, que ni con esas. Se ponga como se ponga, está obligado a aguantar al pie del cañón hasta el último día, so pena de perder todo derecho sobre su pensión. En el ámbito fiscal no pueden acceder a las deducciones generales que se aplican a los trabajadores por cuenta ajena, además de tener que soportar un tortuoso calvario para defender ante la Inspección fiscal que muchos de los gastos que realizan están «justificados para obtener los ingresos».

Hace poco más de dos años se instauró el seguro de desempleo para este colectivo pero, de nuevo, los poderes públicos les aplicaron la ley del embudo, por el lado más estrecho. No solo las prestaciones son inferiores –un año máximo frente a los 24 meses de los trabajadores por cuenta ajena-, sino que acceder al cobro requiere pasar primero por un suplicio. No solo tiene que existir un «abandono involuntario de la actividad», como en los empleados por cuenta ajena, sino que el autónomo ha debido comerse previamente una parte de su patrimonio, ya que solo puede activar la prestación por desempleo si demuestra que ha tenido pérdidas equivalentes al 30% de sus ingresos en el último año o del 20% en dos años.

Aunque estas cosas nunca se cuentan de forma abierta –no es políticamente correcto-, lo cierto es que ese ‘maltrato’ que les dedica la Administración tiene su origen en la convicción –probablemente acertada- de que en este colectivo se concentra un porcentaje elevado del fraude que existe en nuestra sociedad. Tanto en lo que hace referencia a la tributación fiscal como al de las cotizaciones a la Seguridad Social. ¿Es justo? Seguro que sería más equitativo reforzar la lucha contra el fraude para descubrir con nombres y apellidos a quienes trasgreden las normas, que castigar de forma generalizada a tantos miles de personas.