Vence el plazo para renovar miles de convenios colectivos

EUROPA PRESS | MADRID. Este lunes finaliza el límite de un año dado por la reforma laboral a la prórroga automática de los convenios denunciados y pendientes de renovación (‘ultraactividad’), con lo que se abre un periodo de incertidumbre y previsible litigiosidad en el que muchos trabajadores podrían ver decaer el convenio que les ampara, con la consiguiente pérdida de derechos laborales.

Patronal y sindicatos consensuaron el pasado 5 de abril que entre el 1 de enero de 2006 y el 7 de julio de 2012 se habían denunciado 1.682 convenios (3,5 millones de trabajadores), de los que de acuerdo con un recuento de CC.OO. y UGT a 3 de julio 1.324 convenios aún están pendientes de firma. Estos convenios afectan a más de 1,8 millones de trabajadores.

La duda ahora es saber qué ocurrirá con estos convenios colectivos. Su pretensión era crear un clima de confianza mutua y un compromiso para agotar las negociaciones en los procesos de renovación de convenios vigentes más allá del límite establecido por la reforma laboral. En el caso de no ser posible un acuerdo, las partes promovían que se acordara la continuidad del proceso de negociación más allá de los plazos legales y se instaba en caso de bloqueo a acudir a una mediación obligatoria o arbitraje voluntario.

A la pregunta de qué ocurrirá a partir de ahora, fuentes sindicales admiten que se abre un escenario muy complejo. La aplicación estricta de la reforma laboral abre la puerta a que se decaigan miles de convenios y a que millones de trabajadores pierdan así los avances logrados en materia de salarios, jornadas o libranzas, ya que en ausencia del convenio de empresa, se acogerán al de ámbito superior, y, de no haberlo, al Estatuto de los Trabajadores, en el que se recogen los derechos mínimos de los empleados.

En primer lugar, en el caso de que no se haya pactado esta prórroga en la negociación ni se haya recurrido a una mecanismo autónomo de solución de conflictos, habrá que estudiar caso por caso, porque algunos convenios colectivos contaban desde el inicio con cláusulas que los prorrogaban explícitamente hasta que no hubiera un nuevo convenio. Una vez descartados también estos convenios, los sindicatos han avisado de que interpondrán demandas colectivas en todas empresas que dejen decaer los convenios.

La normativa de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) establece el derecho a negociar de buena fe, con lo que hacer decaer derechos de los trabajadores sólo podrá interpretarse como «mala fe», mientras que además la jurisprudencia ampara que el trabajador mantendrá en estos casos sus derechos contractualizados a título individual.

Los parados de larga duración se han multiplicado por nueve y la probabilidad de desempleo es el doble

Un porcentaje del 40% permite ganar unas elecciones generales (en las últimas, el Partido Popular obtuvo la mayoría absoluta con un 44% de los votos), pero también marca otro triste récord del deterioro del mercado de trabajo. Desde que empezó la crisis, más de cuatro millones de trabajadores con contrato indefinido han sido despedidos, según los datos del Servicio Público de Empleo. Eso significa que en torno al 40% de los asalariados fijos (a cierre de 2012 había 10,7 millones) han perdido su empleo desde 2008, aunque algunos de ellos hayan podido encontrar otro trabajo. La crisis económica ha provocado un vuelco en el mercado laboral que permanecerá una vez España consiga volver al crecimiento. No sólo la tasa de paro se ha disparado por encima del 26% y estamos en torno a los seis millones de parados, sino que la estabilidad en el empleo ha desaparecido y nadie espera que vuelva.

En España, en cada crisis económica, las empresas reaccionaban muy rápido a la situación mediante la extinción de contratos. Los primeros en sufrirlo eran los contratos temporales, que resultaban mucho más baratos de extinguir. Pero la larga duración y gravedad de esta crisis ha hecho que se golpee de lleno a los fijos. Y mucho más después de la reforma laboral de 2012. Es la opinión de Antonio González, miembro de Economistas frente a la Crisis, que fue director de gabinete de Valeriano Gómez en el Ministerio de Trabajo. González considera que la reforma laboral va a traer «un aumento brutal de la inestabilidad laboral» incrementando los niveles de rotación y agravando la falta de formación. Todo ello, a su vez, acentuará el círculo vicioso de baja productividad y bajos salarios. «Todas las medidas de la reforma laboral, con su repercusión en los salarios y el debilitamiento de la negociación colectiva, conducen a un mercado laboral de muy baja productividad», señala.

La inestabilidad ya era una característica autóctona de nuestro mercado laboral: más de un tercio de los trabajadores tenía contrato temporal (con la crisis y la reducción de empleo ese porcentaje ha descendido al 23%) y la figura del despido improcedente permite despedir sin causa alguna. Sale caro, antes más que ahora, pero es fácil para la empresa. Con la reforma laboral se reduce el coste del despido y se facilitan las causas para poder despedir al precio más barato. En el resto de los países de nuestro entorno «el despido es bastante más difícil y bastante más barato», señala Antonio González. «Nosotros tenemos la combinación contraria, sólo Dinamarca y el Reino Unido tienen el despido más fácil que en España».

No obstante, Iñigo Sagardoy, presidente de Sagardoy Abogados y profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad Francisco de Vitoria, matiza que, antes de la reforma laboral de 2012, el despido era prácticamente la única vía de reestructuración de las empresas porque no se podían reducir los salarios, pero ahora los ERE que se hacen son combinados, no son sólo de extinción sino que en gran parte de ellos aparecen medidas de reducción salarial para evitar una mayor destrucción de empleo. En 2012, primer año de aplicación de la reforma, los ERE se incrementaron un 56%, pero mientras los de extinción crecieron un 11,4%, los de suspensión temporal lo hicieron en un 46% y los de variación de jornada prácticamente se duplicaron.

Además, Sagardoy destaca que empieza a haber muchos descuelgues salariales, incluso acordados con los sindicatos para no aplicar el convenio. «En 2007 y 2008 te encontrabas con empresas en pérdidas que estaban obligadas por convenio a subir el sueldo a los trabajadores. Eso era kafkiano», dice. Desde la reforma se han producido 1.178 descuelgues. Hace dos años apenas había diez. Sagardoy destaca la responsabilidad demostrada por los sindicatos buscando amortiguar la destrucción de empleo. AMPARO ESTRADA- elcorreo

Los afectados por un ERE se duplican tras la reforma laboral

El número de trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo (ERE) autorizados por las autoridades laborales o comunicados a las mismas (con la reforma laboral del Gobierno, en vigor desde el pasado 12 de febrero, ya no hace falta autorización) aumentó un 53,3% en los ocho primeros meses del año en comparación con el mismo periodo de 2011.

En concreto, un total de 299.021 trabajadores se vieron afectados por un ERE hasta agosto, en contraste con los 195.032 trabajadores que estuvieron implicados en una regulación de empleo durante los ocho primeros meses de 2011, según los datos que constan en el Boletín de Estadísticas Laborales del Ministerio de Empleo. Hasta agosto, los expedientes de regulación de empleo autorizados/comunicados aumentaron un 69,7% en comparación con el mismo periodo de 2011, hasta sumar 22.007, frente a los 12.965 de los ocho primeros meses del año pasado.

Los ERE en los que se alegaron causas económicas (problemas de tesorería o financiación, restricción de contratos, quiebra, deudas o suspensión de pagos, baja productividad o aplicación de medidas económicas) se dispararon un 105% en los ocho primeros meses en relación al mismo periodo de 2011, hasta sumar 15.790 expedientes, el 71,7% del total de expedientes registrados en el periodo.

Por causas técnicas se autorizaron 196 expedientes hasta agosto, un 30% menos que en el mismo periodo de 2011, mientras que por causas organizativas o de producción se registraron 5.731 expedientes, con un crecimiento interanual del 22,9%. Por fuerza mayor hubo 241 ERE, un 26,3% menos que en los ocho primeros meses de 2011.

Nueva regulación

La principal novedad introducida en la reforma del mercado de trabajo en relación a los ERE es la eliminación de la autorización administrativa anteriormente exigida para proceder a la realización de despidos colectivos o de medidas de suspensión de contrato o reducción de jornada por parte del empresario.

No obstante, la nueva regulación mantiene la necesidad de que se realice un periodo de consultas con los representantes de los trabajadores, al tiempo que se establece la intervención de la autoridad laboral para garantizar la efectividad de dicho periodo de consultas, pero sin tener ésta carácter decisorio. La decisión última será, pues, la del empresario, y como en el caso de los despidos individuales, si no se está de acuerdo, los trabajadores tendrán que impugnarla por la vía judicial.

Del total de expedientes autorizados/comunicados hasta agosto, 19.838 fueron pactados con los representantes de los trabajadores, un 67,6% más, mientras que los no pactados se incrementaron un 91,2%, hasta sumar 2.169 expedientes. Los ERE pactados afectaron a 261.501 trabajadores, un 47,9% más, en tanto que los no pactados englobaron a 37.520 trabajadores, cifra que duplica la registrada en igual periodo de 2011.

Los afectados por EREs, contra la reforma laboral

 Trabajadores de varias empresas vascas afectados por expedientes de regulación de empleo y despidos exigieron ayer a los políticos de Euskadi que se comprometan a «no aplicar la reforma laboral impuesta por el Gobierno que está dejando a cientos de empleados en la indefensión más absoluta». Sindicatos y trabajadores de empresas como Corrugados Azpeitia, Laminaciones Arregui, Formica, Cementos Lemoa, Alestis y Holtza, entre otras, se concentraron junto a la sede del Parlamento vasco para protestar por la aplicación de la nueva legislación laboral y, posteriormente, se manifestaron por el centro de Vitoria.

Algunas de las decisiones empresariales son de dudosa legalidad que hasta los jueces echan para atrás EREs como el de Laminaciones Arregui. A ello se le añade la nula voluntad de la multinacional Fletcher Building, dueña de Formica, para negociar un plan que permita recuperar la competitividad a la planta de Galdakao abocada a un cierre o la postura de Portland Valderrivas (FCC) de acordar las condiciones de un ERE en la empresa Cementos Lemona con sindicatos que no están representados en la misma.