EUROPA PRESS | MADRID. Este lunes finaliza el límite de un año dado por la reforma laboral a la prórroga automática de los convenios denunciados y pendientes de renovación (‘ultraactividad’), con lo que se abre un periodo de incertidumbre y previsible litigiosidad en el que muchos trabajadores podrían ver decaer el convenio que les ampara, con la consiguiente pérdida de derechos laborales.
Patronal y sindicatos consensuaron el pasado 5 de abril que entre el 1 de enero de 2006 y el 7 de julio de 2012 se habían denunciado 1.682 convenios (3,5 millones de trabajadores), de los que de acuerdo con un recuento de CC.OO. y UGT a 3 de julio 1.324 convenios aún están pendientes de firma. Estos convenios afectan a más de 1,8 millones de trabajadores.
La duda ahora es saber qué ocurrirá con estos convenios colectivos. Su pretensión era crear un clima de confianza mutua y un compromiso para agotar las negociaciones en los procesos de renovación de convenios vigentes más allá del límite establecido por la reforma laboral. En el caso de no ser posible un acuerdo, las partes promovían que se acordara la continuidad del proceso de negociación más allá de los plazos legales y se instaba en caso de bloqueo a acudir a una mediación obligatoria o arbitraje voluntario.
A la pregunta de qué ocurrirá a partir de ahora, fuentes sindicales admiten que se abre un escenario muy complejo. La aplicación estricta de la reforma laboral abre la puerta a que se decaigan miles de convenios y a que millones de trabajadores pierdan así los avances logrados en materia de salarios, jornadas o libranzas, ya que en ausencia del convenio de empresa, se acogerán al de ámbito superior, y, de no haberlo, al Estatuto de los Trabajadores, en el que se recogen los derechos mínimos de los empleados.
En primer lugar, en el caso de que no se haya pactado esta prórroga en la negociación ni se haya recurrido a una mecanismo autónomo de solución de conflictos, habrá que estudiar caso por caso, porque algunos convenios colectivos contaban desde el inicio con cláusulas que los prorrogaban explícitamente hasta que no hubiera un nuevo convenio. Una vez descartados también estos convenios, los sindicatos han avisado de que interpondrán demandas colectivas en todas empresas que dejen decaer los convenios.
La normativa de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) establece el derecho a negociar de buena fe, con lo que hacer decaer derechos de los trabajadores sólo podrá interpretarse como «mala fe», mientras que además la jurisprudencia ampara que el trabajador mantendrá en estos casos sus derechos contractualizados a título individual.
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