Las horas extras se hunden y más de la mitad no se pagan

La espectacular caída de la actividad y de la ocupación ha alcanzado en España durante esta larga crisis a todo tipo de sectores y trabajadores. De todos los niveles profesionales y de formación. Tanto hombres como mujeres. El batacazo ha sido generalizado. Las horas extras y el pluriempleo han sufrido con especial intensidad el impacto del desplome de la economía que se inició en la recta final de 2007. En una etapa negra para el mercado laboral, los asalariados con dos o más empleos han descendido un 34% en ese periodo. El personal que realiza horas extraordinarias se ha reducido aún más: un 61% desde ese año. Y el volumen de las efectuadas el pasado ejercicio fue apenas la mitad –un 46% menos– que las registradas en 2008, cuando el país ya estaba en plena recesión. Datos esclarecedores sobre la extraordinaria dureza de la actual coyuntura. Aún hay uno más que resulta concluyente: desde comienzos de 2012, el tiempo de prolongación de la jornada pactada en convenio que no se paga por parte de las empresas ha superado al de las extras que sí se abonan.

La no retribución de las horas extraordinarias y la información que sobre este extremo facilita la Encuesta de Población Activa (EPA) del INE permite constatar cuáles son los sectores más discriminados en el mercado laboral: las mujeres y los jóvenes.

Por ejemplo, las mujeres cobran proporcionalmente en menos ocasiones por la prolongación de jornada que los varones. El 60,5% de las asalariadas que realizan horas extraordinarias no perciben dinero por ninguna de las que realizan, un porcentaje que en el caso de los hombres es del 52%.

Algo similar –aunque con una intensidad muy superior– ocurre con los jóvenes. El colectivo de 16 a 19 años que prolonga la jornada más allá de lo estipulado en su contrato o convenio y que no cobra por ello es del 90%.

La mayor parte de los asalariados no las realiza, mientras que unos pocos concentran una gran parte de las horas extras. Por ejemplo, se estima que entre octubre y diciembre de 2012 había 75.500 empleados que efectuaban 16 o más horas extraordinarias a la semana. Según fuentes consultadas, uno de esos sectores en que más frecuentes son es el de vigilancia y seguridad.

Por otro lado, son los asalariados con ocupaciones de técnicos, profesionales científicos e intelectuales los que recurren con más frecuencia a las horas extras, y también los trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores, según la EPA.

Por volumen de horas, más de una quinta parte se realiza en el sector del comercio y la reparación de vehículos, seguidos de cerca por la industria manufacturera. A continuación se sitúan la hostelería, con cerca del 10% del total. JOSÉ LUIS GALENDE/ el correo

Un tercio de los menores de 25 años ha abandonado el mercado laboral en Euskadi

La actual crisis no solo se ceba con los jóvenes en cuanto a la destrucción de sus puestos de trabajo sino que, además, los está expulsando del mercado laboral. Así, en el País Vasco más de 30.000 menores de 25 años han abandonado la búsqueda activa de empleo desde el tercer trimestre de 2007, hartos de no encontrar ninguna salida en él. Las escasas expectativas de encontrar una ocupación -la tasa del paro juvenil en Euskadi es del 46%, según los datos la Encuesta de Población Activa (EPA) del último trimestre de 2012-, y mucho menos de que sea en condiciones dignas, han abocado a la gran mayoría de ellos a volver a las aulas para completar o mejorar su formación académica, si bien no hay cifras concretas al respecto. Otros han optado, sobre todo en los dos últimos años, por salir fuera de la comunidad autónoma -principalmente al extranjero- para buscar una oportunidad laboral, mientras un tercer grupo habría desistido de cualquier iniciativa.

Además, y según el informe, «el dato más preocupante» es que casi la mitad de los desocupados de este colectivo de edad -el 45,9% de ellos- lleva más de un año en el desempleo, por lo que se encuentran ya en la categoría de parados de larga duración, con el consiguiente problema, que no es otro que «el fututo de n uestro país está frenado por un mercado laboral incapaz de absorber el talento de las nuevas generaciones»

¿Pero cuántas personas son realmente las que trabajan?

Con una tasa de paro por encima del 25% –5.965.000 desocupados– y con una caída en picado de la afiliación a la Seguridad Social desde el comienzo de la crisis –3.300.000 cotizantes perdidos–, las miradas de propios y extraños se han girado en los últimos tiempos hacia la economía sumergida que hay en España. Hace unas semanas fue el presidente de la patronal, Joan Rosell, quien ponía en duda la existencia de casi seis millones de parados en España, que es la cifra estimada por la Encuesta de Población Activa (EPA), y apostaba porque la real es la de algo más de cinco millones (5.040.222) que registraban las listas de los servicios públicos de empleo al acabar febrero. Se trata de una polémica que no se agota en sí misma y que lleva a mirar hacia el otro extremo del mercado laboral. ¿Cuánta gente tiene un trabajo remunerado en España? ¿A cuántas personas da empleo la economía nacional?

Aunque la pregunta es sencilla y elemental, la respuesta puede ser mucho más complicada de elaborar que la del número de empleados. Cuadrar las cuentas de las distintas modalidades de medir la población ocupada se convierte en tarea de titanes.

Según la EPA, había en el cuarto trimestre de 2012 en España 16.957.000 personas ocupadas, mientras que los registros de la Seguridad social y las mutualidades existentes situaban esa cifra en cerca de los 17,5 millones de personas. En concreto, en el periodo de referencia había 16.427.000 afiliados a la Seguridad Social (cifra media del trimestre), y en torno a un millón entre mutualistas del cuerpo de funcionarios (Muface), de Justicia (Mugeju), Fuerzas Armadas (Isfas), abogados…). Es decir los registros apuntan la existencia de más gente trabajando de los que estima la EPA, realizada en 65.000 viviendas de España.

• Esta diferencia podría explicarse por la existencia de trabajadores con más de una cuenta de cotización (los pluriempleados), sobre los que la Seguridad Social no ofrece información detallada, pero no dejaría margen para ‘detectar’ los trabajadores en la economía sumergida; que los hay, y presumiblemente en gran volumen, según coinciden patronales, sindicatos y sociólogos consultados.

• No obstante, hay que tener en cuenta numerosas particularidades, que pueden ayudar a explicar al menos una parte del desajuste. Así, en las estimaciones de la EPA no se contabiliza a los trabajadores de empresas españolas destinadas en el exterior (es una encuesta de hogares dentro de España), aunque no son una cifra muy significativa pese a la fuerte internacionalización de la economía española.

• Por otro lado, los listados de la Seguridad Social no incluyen a los cotizantes parados (cerca de tres millones) ni los que tienen un convenio especial con el organismo y que no están trabajando (unos 200.000). Estos dos apartados no afectan de forma directa a la divergencia citada, porque el organismo no los incluye en sus cifras de cotizantes ocupados, pero sí lo hace la existencia de otro grupo de afiliados, ocupados ficticios, que cotizan para conseguir derecho a paro o pensión, pero que no están trabajando. Se desconoce el alcance de este colectivo, pero puede ser importante. Y al respecto hay que recordar que, salvo excepciones, es una práctica ilegal, penada por la normativa vigente, como demuestran los casos destapados por la Inspección de Trabajo que periódicamente publica el Ministerio de Empleo.

Hay tres motivos principales para que las personas coticen a la Seguridad Social sin tener un trabajo real: alcanzar el periodo de carencia necesario para poder cobrar una pensión (quince años), completar el tiempo requerido de cotización para tener derecho a la prestación o al subsidio de paro, y lograr autorizaciones administrativas para trabajar. El año pasado el plan de lucha contra el empleo irregular, que se puso en marcha en abril, permitió detectar 44.262 altas ficticias de empleados.

• Pero si se quiere profundizar en las discrepancias entre EPA y afiliación, todavía hay más colectivos a considerar, con tratamiento no homologable al de la mayoría de los trabajadores. Por ejemplo, hay que tener en cuenta colectivos especiales de afiliados como los del clero pontificio –monjas, frailes, sacerdotes…–, los encarcelados que trabajan con la obligación de cotizar, o los funcionarios de mutualidades que también están afiliados a la Seguridad Social porque tienen otro empleo.

• Por otro lado, hasta 2012, los estudios que periódicamente realiza el INE para tratar de conciliar o explicar las cifras de la EPA con las de los registros oficiales cuentan con una novedad. Hasta ese año, había un colectivo muy importante, en su inmensa mayoría mujeres, que trabajaban como empleadas de hogar menos de 20 horas a la semana, que no podían afiliarse al sistema. Pero desde enero del año pasado, con el cambio de normativa de ese sector, están obligadas a hacerlo. Es decir, si no lo hacen, forman parte de la economía sumergida. Se trata de un colectivo voluminoso, pero, al igual que el resto de trabajadores de la economía irregular, es muy difícil de cuantificar, e incluso de detectar.

• Y los problemas a la hora de medir la masa laboral del país no acaban ahí. Y es que existen miles de trabajadores en situación legal que no aparecen ni en las encuestas ni en los registros de la Seguridad Social: los de empresas transnacionales, que son traídos a España para trabajos de contratas –en muchos casos viven aquí de forma permanente– y que presumiblemente están afiliados en su país. Como no están censados en España, no pueden aparecer en la Encuesta de Población Activa. Algunas comunidades autónomas, como la vasca, tienen un censo que debe ser alimentado con las empresas titulares de los trabajos que realizan, pero no siempre es información accesible.

El paro registrado en Euskadi bate otro récord, con 164.139 inscritos en Lanbide

Otra nueva marca para la crisis. El paro registrado en Lanbide –Servicio Vasco de Empleo– alcanzó en el mes de septiembre las 164.139 personas, una cifra sin precedentes desde finales de la década de los ochenta, tras crecer en algo más de 4.000 personas, el 2,51%. Una vez más durante este año, el alza es superior a la media nacional, donde el incremento fue el 1,72%, lo que situó la cifra nacional de desempleados inscritos en las listas de los servicios públicos de empleo en 4.705.270. En este caso se trata de un volumen inferior al alcanzado en febrero y 45.000 personas por debajo del récord logrado en el pasado mes de marzo.

En el último año, el alza de la cifra de desocupados en la comunidad autónoma vasca ha afectado 22.233 personas, lo que supone un incremento del 15,67%, claramente por encima de los registros nacionales, donde el alza ha sido del 11,32%. Pese a todo, la tasa de paro está muy por debajo de la media nacional. En concreto, la Encuesta de Población Activa (EPA) arroja para España una tasa de desempleo del 24,63% y para Euskadi del 14,56%.

El paro sigue siendo un problema del sector servicios, que concentra casi dos terceras partes del total, con 103.541 personas. También ha sido el segmento que más se ha deteriorado, al concentrar casi la totalidad del alza, con 3.521 de los 4.014 nuevos desocupados. La industria sumaba al acabar el pasado mes casi 25.000 desempleados y la construcción, algo más de 19.000.

Por territorios, Álava se anotó el mejor comportamiento, con un alza del 1,63% –inferior a la media nacional–, mientras que Gipuzkoa fue el peor, con el 2,76%, frente al 2,63% de Bizkaia. Sin embargo, en términos interanuales sucede todo lo contrario y la peor evolución corresponde a Álava y la mejor a Gipuzkoa, aunque con diferencias apenas significativas en los porcentajes.

El desempleo anotado en las oficinas de Lanbide se reparte casi al 50% entre hombres y mujeres, aunque éstas los superan ligeramente, con casi 84.000 personas, frente a los poco más de 80.000 varones. Los menores de 25 años en esa situación sumaban 13.452, el 8,2% del total