Con una tasa de paro por encima del 25% –5.965.000 desocupados– y con una caída en picado de la afiliación a la Seguridad Social desde el comienzo de la crisis –3.300.000 cotizantes perdidos–, las miradas de propios y extraños se han girado en los últimos tiempos hacia la economía sumergida que hay en España. Hace unas semanas fue el presidente de la patronal, Joan Rosell, quien ponía en duda la existencia de casi seis millones de parados en España, que es la cifra estimada por la Encuesta de Población Activa (EPA), y apostaba porque la real es la de algo más de cinco millones (5.040.222) que registraban las listas de los servicios públicos de empleo al acabar febrero. Se trata de una polémica que no se agota en sí misma y que lleva a mirar hacia el otro extremo del mercado laboral. ¿Cuánta gente tiene un trabajo remunerado en España? ¿A cuántas personas da empleo la economía nacional?
Aunque la pregunta es sencilla y elemental, la respuesta puede ser mucho más complicada de elaborar que la del número de empleados. Cuadrar las cuentas de las distintas modalidades de medir la población ocupada se convierte en tarea de titanes.
Según la EPA, había en el cuarto trimestre de 2012 en España 16.957.000 personas ocupadas, mientras que los registros de la Seguridad social y las mutualidades existentes situaban esa cifra en cerca de los 17,5 millones de personas. En concreto, en el periodo de referencia había 16.427.000 afiliados a la Seguridad Social (cifra media del trimestre), y en torno a un millón entre mutualistas del cuerpo de funcionarios (Muface), de Justicia (Mugeju), Fuerzas Armadas (Isfas), abogados…). Es decir los registros apuntan la existencia de más gente trabajando de los que estima la EPA, realizada en 65.000 viviendas de España.
- Esta diferencia podría explicarse por la existencia de trabajadores con más de una cuenta de cotización (los pluriempleados), sobre los que la Seguridad Social no ofrece información detallada, pero no dejaría margen para ‘detectar’ los trabajadores en la economía sumergida; que los hay, y presumiblemente en gran volumen, según coinciden patronales, sindicatos y sociólogos consultados.
- No obstante, hay que tener en cuenta numerosas particularidades, que pueden ayudar a explicar al menos una parte del desajuste. Así, en las estimaciones de la EPA no se contabiliza a los trabajadores de empresas españolas destinadas en el exterior (es una encuesta de hogares dentro de España), aunque no son una cifra muy significativa pese a la fuerte internacionalización de la economía española.
- Por otro lado, los listados de la Seguridad Social no incluyen a los cotizantes parados (cerca de tres millones) ni los que tienen un convenio especial con el organismo y que no están trabajando (unos 200.000). Estos dos apartados no afectan de forma directa a la divergencia citada, porque el organismo no los incluye en sus cifras de cotizantes ocupados, pero sí lo hace la existencia de otro grupo de afiliados, ocupados ficticios, que cotizan para conseguir derecho a paro o pensión, pero que no están trabajando. Se desconoce el alcance de este colectivo, pero puede ser importante. Y al respecto hay que recordar que, salvo excepciones, es una práctica ilegal, penada por la normativa vigente, como demuestran los casos destapados por la Inspección de Trabajo que periódicamente publica el Ministerio de Empleo.
Hay tres motivos principales para que las personas coticen a la Seguridad Social sin tener un trabajo real: alcanzar el periodo de carencia necesario para poder cobrar una pensión (quince años), completar el tiempo requerido de cotización para tener derecho a la prestación o al subsidio de paro, y lograr autorizaciones administrativas para trabajar. El año pasado el plan de lucha contra el empleo irregular, que se puso en marcha en abril, permitió detectar 44.262 altas ficticias de empleados.
- Pero si se quiere profundizar en las discrepancias entre EPA y afiliación, todavía hay más colectivos a considerar, con tratamiento no homologable al de la mayoría de los trabajadores. Por ejemplo, hay que tener en cuenta colectivos especiales de afiliados como los del clero pontificio –monjas, frailes, sacerdotes…–, los encarcelados que trabajan con la obligación de cotizar, o los funcionarios de mutualidades que también están afiliados a la Seguridad Social porque tienen otro empleo.
- Por otro lado, hasta 2012, los estudios que periódicamente realiza el INE para tratar de conciliar o explicar las cifras de la EPA con las de los registros oficiales cuentan con una novedad. Hasta ese año, había un colectivo muy importante, en su inmensa mayoría mujeres, que trabajaban como empleadas de hogar menos de 20 horas a la semana, que no podían afiliarse al sistema. Pero desde enero del año pasado, con el cambio de normativa de ese sector, están obligadas a hacerlo. Es decir, si no lo hacen, forman parte de la economía sumergida. Se trata de un colectivo voluminoso, pero, al igual que el resto de trabajadores de la economía irregular, es muy difícil de cuantificar, e incluso de detectar.
- Y los problemas a la hora de medir la masa laboral del país no acaban ahí. Y es que existen miles de trabajadores en situación legal que no aparecen ni en las encuestas ni en los registros de la Seguridad Social: los de empresas transnacionales, que son traídos a España para trabajos de contratas –en muchos casos viven aquí de forma permanente– y que presumiblemente están afiliados en su país. Como no están censados en España, no pueden aparecer en la Encuesta de Población Activa. Algunas comunidades autónomas, como la vasca, tienen un censo que debe ser alimentado con las empresas titulares de los trabajos que realizan, pero no siempre es información accesible.
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