Vence el plazo para renovar miles de convenios colectivos

EUROPA PRESS | MADRID. Este lunes finaliza el límite de un año dado por la reforma laboral a la prórroga automática de los convenios denunciados y pendientes de renovación (‘ultraactividad’), con lo que se abre un periodo de incertidumbre y previsible litigiosidad en el que muchos trabajadores podrían ver decaer el convenio que les ampara, con la consiguiente pérdida de derechos laborales.

Patronal y sindicatos consensuaron el pasado 5 de abril que entre el 1 de enero de 2006 y el 7 de julio de 2012 se habían denunciado 1.682 convenios (3,5 millones de trabajadores), de los que de acuerdo con un recuento de CC.OO. y UGT a 3 de julio 1.324 convenios aún están pendientes de firma. Estos convenios afectan a más de 1,8 millones de trabajadores.

La duda ahora es saber qué ocurrirá con estos convenios colectivos. Su pretensión era crear un clima de confianza mutua y un compromiso para agotar las negociaciones en los procesos de renovación de convenios vigentes más allá del límite establecido por la reforma laboral. En el caso de no ser posible un acuerdo, las partes promovían que se acordara la continuidad del proceso de negociación más allá de los plazos legales y se instaba en caso de bloqueo a acudir a una mediación obligatoria o arbitraje voluntario.

A la pregunta de qué ocurrirá a partir de ahora, fuentes sindicales admiten que se abre un escenario muy complejo. La aplicación estricta de la reforma laboral abre la puerta a que se decaigan miles de convenios y a que millones de trabajadores pierdan así los avances logrados en materia de salarios, jornadas o libranzas, ya que en ausencia del convenio de empresa, se acogerán al de ámbito superior, y, de no haberlo, al Estatuto de los Trabajadores, en el que se recogen los derechos mínimos de los empleados.

En primer lugar, en el caso de que no se haya pactado esta prórroga en la negociación ni se haya recurrido a una mecanismo autónomo de solución de conflictos, habrá que estudiar caso por caso, porque algunos convenios colectivos contaban desde el inicio con cláusulas que los prorrogaban explícitamente hasta que no hubiera un nuevo convenio. Una vez descartados también estos convenios, los sindicatos han avisado de que interpondrán demandas colectivas en todas empresas que dejen decaer los convenios.

La normativa de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) establece el derecho a negociar de buena fe, con lo que hacer decaer derechos de los trabajadores sólo podrá interpretarse como «mala fe», mientras que además la jurisprudencia ampara que el trabajador mantendrá en estos casos sus derechos contractualizados a título individual.

Convenios colectivos con freno y marcha atrás

Los trabajadores con convenios colectivos –casi todos los asalariados– se enfrentan a una etapa de recortes de sueldo, alargamiento de jornadas, aumentos de flexibilidad y pérdidas de derechos como no podían sospechar hasta hace muy poco tiempo. Esos son los objetivos de las sucesivas reformas laborales y de la negociación colectiva realizadas en los dos últimos años en España: ganar competitividad para exportar más y ayudar a salir de la crisis por la vía de rebajar los costes salariales.

El ajuste ya ha comenzado. Centenares de miles de trabajadores vascos y millones en el resto de España no han renovado sus convenios colectivos en los últimos años, y si lo han hecho han perdido capacidad adquisitiva en casi todos los casos, además de que con frecuencia han elevado la jornada laboral, lo que rebaja el precio por hora trabajada. Pero el proceso no ha hecho más que empezar. A medida que se acerque el 7 de julio –cuando se cumple un año de la entrada en vigor de la última y drástica reforma laboral del Gobierno de Mariano Rajoy– y los convenios colectivos pierdan su vigencia total si no han sido renovados en los últimos doce meses, las relaciones laborales entrarán en una nueva senda de consecuencias, hoy por hoy, difíciles de prever.

El convenio de grandes empresas de distribución suscrito la pasada semana en Madrid por los sindicatos Fesga y Fetico, con 230.000 trabajadores afectados en toda España, 7.000 de ellos en Euskadi, es un claro ejemplo de lo que puede avecinarse. Recoge, entre otras polémicas medidas, la congelación salarial por cuatro años, aumento de la jornada de trabajo anual en 28 horas (hasta 1.798) y la obligación de trabajar en festivo, sin complementos, cuando la empresa lo decida. La fortísima incidencia de la crisis en el consumo y la caída de las ventas de las empresas del sector han llevado a la mayoría de los trabajadores a asumir unos sacrificios sin precedentes.

Pero la garantía de las empresas de no despedir a los empleados fijos y la renuncia a la fuerte reducción salarial que habían planteado han bastado a las dos centrales firmantes para poner su firma bajo unas cláusulas que han sido denostadas por los sindicatos vascos que estaban en la mesa de negociación, Comisiones Obreras, LAB y UGT.

En la medida que la crisis se alargue, los sindicatos saben que habrá muchos más convenios con sacrificios de este calibre, y de hecho ya hay varios, con menos trabajadores afectados, renovados en términos de recortes.

Y el problema añadido es que, cuando se trata de pactos laborales nacionales, las centrales vascas tienen una capacidad de influir muy limitada. Si acaso, los afiliados de CC OO y UGT pueden tener la posibilidad de presionar las federaciones nacionales de su sindicato respectivo, de las que forman parte.

La situación que se presenta no debe ser menospreciada, porque en la comunidad autónoma vasca hay 125.000 asalariados que se rigen por convenios de ámbito nacional, el 21% del total, según las estadísticas utilizadas por el Consejo de Relaciones Laborales (CRL).

En este territorio existen un total de 1.109 convenios colectivos, la mayoría (873) de empresa. De esa cifra, 740 (615 de empresa y 125 de sector) se negocian en la propia comunidad autónoma y corresponde a sindicatos y patronales vascos llegar a los acuerdos necesarios. Pero el resto, 369 convenios –258 de empresa y 111 sectoriales– son de ámbito estatal y, por tanto, se negocian generalmente en Madrid, con otra relación de fuerzas, objetivos y prioridades.

Bien por la existencia de modelos sindicales con estrategias diferentes, bien porque se trata de industrias o negocios con características propias, con sus propias necesidades, lo cierto es que con gran frecuencia las subidas salariales y las condiciones de trabajo pactadas en Euskadi son mejores que las de los convenios negociados fuera de su territorio.

Así lo demuestran una vez más los datos del CRL correspondientes al año 2012, que arrojan una subida salarial media del 2,20% en los pocos pactos laborales que aplicaron subidas, siete décimas menos que la inflación anual. Ahora bien, mientras en los convenios suscritos en la comunidad autónoma vasca el alza fue del 2,65% –también con pérdida de poder adquisitivo–, en los suscritos de ámbito nacional la mejora se quedó en el 1,59%. La media ponderada fue el citado 2,20%.

En el primer caso, solo 105.000 trabajadores pudieron acceder a una mejora salarial de un total potencial de 470.000 (el 22%), mientras que de los que se rigen por acuerdos laborales de alcance nacional renovaron sus condiciones de trabajo el año pasado casi 78.000, es decir el 62%. La pregunta del millón es: ¿Cuál de las dos vías es la mejor solución?